Las nuevas Reglas de la LFPIORPI transforman la manera en que las empresas deberán gestionar sus riesgos

La publicación del Acuerdo que modifica las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca uno de los cambios más profundos al régimen de Actividades Vulnerables desde su entrada en vigor en 2013.

Aunque la reforma incorpora nuevas obligaciones técnicas, su relevancia va mucho más allá del cumplimiento regulatorio. El mensaje de la autoridad es claro: las empresas ya no serán evaluadas únicamente por la existencia de expedientes, manuales o avisos presentados. A partir de ahora, deberán demostrar que cuentan con un sistema efectivo para identificar, evaluar y mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La entrada en vigor general de las nuevas disposiciones está prevista para el 30 de noviembre de 2026, con obligaciones escalonadas que comenzarán a ser exigibles durante 2027 y 2028.

Del cumplimiento documental al cumplimiento basado en riesgos

Durante años, muchas organizaciones construyeron sus programas de cumplimiento alrededor de listas de verificación y expedientes documentales.

Las nuevas reglas cambian completamente esa lógica.

El nuevo modelo obliga a los Sujetos Obligados a adoptar un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) que permita identificar y evaluar los riesgos asociados a:

• Los actos u operaciones que realizan.
• El perfil de sus clientes o usuarios.
• Las zonas geográficas con las que mantienen relación.
• Los canales utilizados para ofrecer productos o servicios.

En otras palabras, ya no se trata únicamente de recopilar información. Se trata de utilizarla para tomar decisiones de cumplimiento proporcionales al nivel de riesgo identificado.

Conocer al cliente se convierte en una obligación estratégica

Otro de los pilares de la reforma es el fortalecimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente.

Las organizaciones deberán clasificar a sus clientes de acuerdo con distintos niveles de riesgo y aplicar medidas diferenciadas para cada categoría.

Esto implica que los expedientes dejarán de ser estáticos y evolucionarán hacia esquemas de monitoreo continuo, donde el comportamiento transaccional y la información obtenida durante la relación comercial adquirirán una relevancia cada vez mayor.

Para muchas empresas, este será uno de los cambios operativos más importantes de los próximos años.

Beneficiario Controlador: el fin de las estructuras opacas

La identificación del Beneficiario Controlador se consolida como uno de los temas centrales del nuevo régimen.

La autoridad busca que los Sujetos Obligados puedan identificar a la persona física que, en última instancia:

• Obtiene el beneficio económico de una operación.
• Ejerce control efectivo sobre una estructura corporativa.
• Toma decisiones relevantes dentro de una organización.

Esta obligación alcanza tanto a personas morales como a fideicomisos y otras figuras jurídicas.

En términos prácticos, las organizaciones necesitarán procesos más robustos para documentar y actualizar información sobre estructuras accionarias y mecanismos de control.

La transformación digital ya llegó al cumplimiento PLD

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la consolidación de un modelo de cumplimiento cada vez más digitalizado.

Las nuevas reglas impulsan:

• Mecanismos automatizados de monitoreo.
• Gestión electrónica de expedientes.
• Notificaciones electrónicas.
• Procesos digitales de cumplimiento.
• Administración estructurada de información relacionada con Beneficiarios Controladores.

La tendencia regulatoria es evidente.

El cumplimiento manual y basado exclusivamente en archivos físicos resultará cada vez más difícil de sostener frente a los nuevos estándares de supervisión.

Las organizaciones que comiencen hoy sus procesos de digitalización estarán en mejor posición para afrontar los requerimientos futuros del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La auditoría pasa a ocupar un papel protagónico

La reforma también fortalece los mecanismos de supervisión interna.

La auditoría deja de ser percibida como una simple revisión documental para convertirse en una herramienta destinada a evaluar la efectividad real de los controles implementados.

Esto obligará a las empresas a revisar de forma periódica:

• Sus metodologías de evaluación de riesgos.
• La calidad de sus expedientes.
• Sus procedimientos de monitoreo.
• La eficacia de sus controles internos.
• La consistencia de sus programas de capacitación.

La pregunta ya no será si existe un procedimiento, sino si ese procedimiento funciona.

Lo que las empresas deberían hacer ahora

La entrada en vigor escalonada de las nuevas disposiciones no debe interpretarse como tiempo de espera.

Por el contrario, representa una ventana estratégica para preparar la organización.

Las acciones prioritarias incluyen:

1. Revisar el Manual de Políticas Internas

Verificar que el documento incorpore los nuevos requerimientos regulatorios y contemple una metodología de evaluación de riesgos adecuadamente documentada.

2. Diseñar o actualizar la metodología de riesgo

Las empresas deberán justificar de manera objetiva cómo evalúan y clasifican a sus clientes, operaciones, productos y canales.

3. Fortalecer los procesos de identificación de clientes y Beneficiarios Controladores

La calidad de la información recopilada será uno de los principales focos de atención para las autoridades.

4. Evaluar la infraestructura tecnológica existente

La digitalización del cumplimiento ya no debe considerarse un proyecto de largo plazo, sino una necesidad operativa inmediata.

5. Prepararse para auditorías y revisiones regulatorias

Las organizaciones deben comenzar a generar evidencia de cumplimiento desde ahora, no cuando llegue la primera revisión.

Una nueva etapa para el cumplimiento en México

Las reformas a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI representan mucho más que una actualización normativa.

Estamos frente a una transformación estructural en la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos de lavado de dinero.

Las empresas que adopten tempranamente un modelo basado en riesgos, apoyado en tecnología y sustentado en procesos sólidos, estarán mejor preparadas para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias y fortalecer su gobierno corporativo.

La verdadera pregunta ya no es si las organizaciones deberán adaptarse, sino qué tan preparadas estarán para hacerlo antes de que comiencen las revisiones bajo el nuevo régimen.