Iniciamos el 2025, con retos y también con cierta incertidumbre, pues a partir de este año se darán cambios importantes en la gobernanza pública que tendrán gran impacto en la ciudadanía y en los negocios para el cumplimiento de las diferentes regulaciones.

En este año, el poder judicial experimentará un cambio que recae en un nuevo modelo de elección directa de jueces que se realizará por la ciudadanía, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad técnica y especialización de los futuros encargados de impartir justicia.

Otra reformas constitucional de impacto es la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (PPO), en el que se contempla, entre otros supuestos, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley, lo que pone en riesgo a la operación de las empresas ya que de no contar con un exhaustivo control de la situación jurídica de sus proveedores de bienes y servicios, podrían incurrir, sin ninguna intención de delinquir, en la adquisición de facturas falsas.

Asimismo, en este año operarán nuevas dependencias públicas como son la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta última de mayor relevancia en el cumplimiento de obligaciones de carácter federal, puesto que tiene entre sus objetivos, el generar una simplificación de la gestión pública utilizando tecnología y procesos modernos de digitalización, además de operar proyectos estratégicos entre los que se encuentra “Llave Mx”, la “Fábrica de Software”, así como un” Centro Nacional de Tecnología Pública” y un área de “Inteligencia de Datos”, cabe señalar que para 2025, se tiene previsto la simplificación y digitalización de 1,480 trámites.

Aunque no se realizaron modificaciones a las leyes fiscales, en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, se ha estimado obtener una recaudación de un poco más de 9 billones de pesos mexicanos, lo que implica que las funciones de control y vigilancia del cumplimiento del pago del impuesto se intensifiquen durante este ejercicio para lograr la meta programada, con la que se pretende dar atención a los programas comprometidos especialmente a los de carácter social.

Estos componentes y la desaparición de siete órganos autónomos constitucionales de la administración pública y la entrada en vigor de la reforma laboral que considera como una relación de subordinación el trabajo realizado a través de plataformas es lo que hace que este nuevo año se presente como un reto complejo para el cumplimiento de obligaciones de derecho público, pero a la vez es una oportunidad para que los negocios implementen nuevos modelos de gestión del cumplimiento apoyándose en herramientas tecnológicas, y auditorías automatizadas que anticipen los riesgos y consecuencias, a la vez que coadyuven en el control minucioso de los requisitos, plazos y términos de las disposiciones.